Intervenció al Congrés dels diputats

"Comparecencia para la toma en consideración de la Proposición de ley de modificación del artículo 27.1 del Real Decreto legislativo 1/1995 de marzo, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores

Muchas gracias señor Presidente, señorías, señoras diputadas, señores diputados,

Es un honor para mi estar en este congreso de los diputados para defender en nombre del grupo Socialistes-Ciutadans pel Canvi del Parlamento de Cataluña la toma en consideración de esta proposición de ley que podria significar un importante avance en términos de justicia social.

Permítanme que les relate la historia que precede al día de hoy para que conozcan el contexto que motivó en su día esta iniciativa. Hace algunos años (por el año 2002, la asociación juvenil Avalot, plataforma de jóvenes de la UGT, inició una campaña de recogida de firmas que tuvo el soporte de otras organizaciones juveniles tanto políticas como de estudiantes (JSC, las JERC, la JNC, Unión de Jóvenes, Jóvenes d’Esquerra Verda, Jóvenes de Iniciativa, la Asociación de Jóvenes estudiantes de Cataluña y la Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña) que hicieron de motor dinamizador de esta iniciativa, recogiendo 65.000 firmas que entregaron en el Parlamento de Cataluña en 2004.

Esta iniciativa tuvo lugar en un contexto de crecimiento económico extraordinario, que siguió en los años sucesivos, como ustedes bien saben.
Después del trámite oportuno impulsado por los grupos parlamentarios PSC-CPC, CiU, ERC y ICV-EUiA, el pleno del Parlamento acordó el 20 de diciembre de 2005 trasladar a este Congreso esta proposición de ley aprobada en el Parlamento de Cataluña con 104 votos a favor de los grupos impulsores y 13 abstenciones del PP.

La iniciativa se fundamenta en la Carta social Europea, ratificada por el Estado español en 1980, y fue promovida por el Consejo de Europa. Su objetivo es la protección de los derechos sociales y económicos, entre los cuales se incluye el derecho a una remuneración justa.

Según las conclusiones del último ciclo de control respecto a la remuneración mínima equitativa (1997) se consideraba que el salario mínimo nunca debería ser inferior al 60% del salario medio, ambos netos de impuestos y retenciones de Seguridad Social. El SMI español hoy tan solo significa el 36,9% del salario medio neto (el 45% en términos brutos) y se sitúa por tanto por debajo del nivel considerado digno por la Carta social europea.

Decía que la propuesta nace de una iniciativa basada en los principios de lucha contra la precariedad laboral y de la promoción de la justicia social que compartimos plenamente y que a pesar de la coyuntura económica, siguen siendo vigentes y necesarios para el progreso individual y colectivo.
Como principio, el SMI tiene como finalidad garantizar a los trabajadores y trabajadoras una renta que les permita satisfacer sus necesidades de manera adecuada. En el momento en que la iniciativa fue presentada en el Parlamento de Cataluña en 2004, el SMI estaba fijado en 460 €, muy lejos de satisfacer estas necesidades.

Para nuestro grupo parlamentario era una propuesta que estaba en plena sintonía con el compromiso del Presidente Rodríguez Zapatero que en la legislatura anterior se comprometió a fijar el SMI en los 600€, y así fue, como lo es que en la actualidad y para el 2009 se ha fijado ya en los 624 € (no sin controversia por parte de los agentes económicos) para continuar acercándose al objetivo que planteamos en nuestra proposición de ley.
Somos europeos con todos los derechos de ciudadanía y por tanto es obligado que los trabajadores y las trabajadoras del estado español también vean reconocida esa consideración respecto al SMI. (ayer leíamos que la OCDE plantea rebajas en Europa).

No podemos olvidar que la creación de un salario mínimo es una garantía, y una obligación para los empresarios que los poderes públicos deben fijar.
De todas formas no es extraño que esta iniciativa haya nacido de organizaciones juveniles, puesto que las cifras nos dicen que, básicamente, los perceptores de este salario mínimo son los jóvenes y las mujeres. Es decir, aquellos colectivos que se identifican con la precariedad laboral: con las peores condiciones y los sueldos más bajos.

¿Dónde nos encontramos ahora? El crecimiento entre 2005 y 2009 ha sido de aproximadamente un 30%. En números absolutos se ha pasado de 513 € a los 624 € en 2009.

Reconocemos la alta sensibilidad que ha ido teniendo el gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero respecto al aumento del SMI que se ha ido incrementando por encima del IPC en los últimos años, a diferencia del anterior período gobernado por el PP.

Entendemos que esta propuesta no llega en el mejor momento, tampoco no hemos podido aplazarla.

De todas formas seguro que comparten el objetivo que la motiva de elevar el trabajo en España a la dignidad Europea y de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores más vulnerables, como forma de sustentar el consumo, lo cual es vital para la recuperación del desarrollo económico.
A la luz de estas consideraciones, celebramos que para este año el gobierno haya decidido continuar con los ajustes del salario mínimo en términos reales para alcanzar objetivos a largo plazo, a pesar de la crisis.

Muchas gracias"

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